El último año ha marcado un preocupante retroceso en los derechos de las personas trans y LGTBI en Estados Unidos. A pesar de los avances significativos logrados en la última década, una serie de medidas y políticas gubernamentales llevada a cabo por los estados más conservadores han vuelto abrir una gran brecha de desigualdad, inquietud y alarma en la comunidad LGTBI y sobre todo en la comunidad Trans y sus defensores.
Uno de los casos más destacados es el de la prohibición de las personas transgénero en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esta política, anunciada por la administración en funciones en enero de 2023, revierte una medida anterior que permitía a las personas trans* servir abiertamente en las fuerzas armadas. Según el Departamento de Defensa, esta medida se justifica por razones de “cohesión y preparación militar”. Sin embargo, una buena parte de la opinión pública lo ve como una aberrante violación de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.
Otro caso significativo es el aumento de proyectos de ley a nivel estatal que restringen los derechos de las personas de nuestro colectivo, especialmente en el ámbito deportivo y de atención médica. Según la Asociación de Derechos Civiles de Estados Unidos, al menos 30 estados han introducido o aprobado algún tipo de legislación o medida que limita la participación de personas trans en deportes escolares y prohíbe o restringe el acceso a la atención médica para menores trans*. Estas leyes han generado protestas y denuncias oficiales por parte de defensores de los derechos LGTBI y organizaciones de derechos civiles.
Además, el nombramiento de jueces conservadores en los tribunales federales también ha suscitado preocupaciones en el seno de la comunidad LGTBI. Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), estos nombramientos podrían tener un impacto duradero e ir más allá en casos relacionados con los derechos de las personas LGTBI, incluyendo cuestiones como el matrimonio igualitario, la discriminación laboral y el acceso a servicios de salud.
A nivel de políticas públicas, la administración actual también ha revertido medidas pro-LGTBI implementadas por gobiernos anteriores, como la prohibición de la discriminación contra personas trans en instalaciones de atención médica y la eliminación de las políticas de “tolerancia cero” para la discriminación en programas de vivienda federal.
Este retroceso en los derechos de las personas trans y LGTBI ha generado una respuesta enérgica de la comunidad LGTBI y sus aliados. Tras varias décadas de progreso, ahora las Organizaciones de derechos civiles, activistas y defensores deben enfrentarse a esta ola reaccionaria y continuar luchando por la igualdad y la protección de los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
